Noticias sobre la comunidad española y mondial

jueves, 4 de abril de 2019

16 Maneras de como Liberarnos del Sistema Financiero������

viernes, 28 de diciembre de 2018

¿Estás Durmiendo en un Lugar Seguro?

miércoles, 19 de diciembre de 2018

Diseño para el futuro 2019 y principios de los años 20

martes, 13 de noviembre de 2018

Las Cámaras ALPR, la Última Frontera de Control Social

martes, 30 de octubre de 2018

Esclavitud, Dinero, Impuestos y Banca (el 80% del dinero nos lo roban)

miércoles, 26 de septiembre de 2018

Los Poderes REALES que Tienes y NO Sabes

lunes, 24 de septiembre de 2018

LOS PARÁSITOS ASTRALES QUE HAY EN TU CASA: PASOS PARA LIMPIARLOS

domingo, 23 de septiembre de 2018

INDEFENSIÓN APRENDIDA - SOCIEDAD DESGASTADA con Luis Palacios

miércoles, 19 de septiembre de 2018

DIRECTO: ALARMA POR EVACUACIÓN DEL OBSERVATORIO SOLAR NUEVO MEXICO

jueves, 13 de septiembre de 2018

martes, 11 de septiembre de 2018

CÓMO SOBREVIVIR EN LA RESISTENCIA ANTI-MATRIX

lunes, 10 de septiembre de 2018

¿Cuál es la velocidad del pensamiento?

sábado, 1 de septiembre de 2018

HIPOGEO El templo Subterráneo más misterioso del mundo

sábado, 25 de agosto de 2018

¿Quién creó al ser humano? (Completo)

LOS 6 PROYECTOS GLOBALES DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL

domingo, 15 de julio de 2018

Fake News, Otro Paso hacia el Pensamiento único

Prohibir, Regular y Legislar a los Esclavos…

domingo, 8 de julio de 2018

¿Próxima Banca Rota en España y Europa?

lunes, 24 de febrero de 2014

Se está dando una imagen bastante polémica de nuestro país de cara al exterior?

Se está dando una imagen bastante polémica de nuestro país de cara al exterior, por eso han sido muchos los que han criticado con dureza este reportaje que pone el acento en la pobreza que azota nuestro país. Samuel Aranda se ha visto obligado a aclarar ante tanta crítica y polémica algunas de las cuestiones de su reportaje, y ha destacado que su trabajo es “documentar,hacerlo en silencio y sin intervenir en ninguna imagen”, y que “todas las imágenes son pura realidad”. También ha querido invitar, a través de su twitter, a dar una vuelta por los barrios humildes. ¿Y vosotros? ¿Pensáis que es apropiado este reportaje?

Uno de cada tres niños españoles vive en riesgo de pobreza

Save the Children denuncia el impacto que la crisis tiene sobre los derechos de la infancia Exige a la administración que defina un marco común para garantizar su defensa 'No existe en España política específica para abordar la pobreza infantil', denuncian España es el octavo país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil El porcentaje de PIB destinado a protección social está 3,7 puntos bajo la media europea En España hay 8.362.305 niños y niñas. De ellos, 2.500.329 (casi el 30%) viven bajo el umbral de la pobreza y 2.826.549 viven en riesgo de pobreza o exclusión social (el 33,8%). La cifra de niños en riesgo de pobreza se eleva hasta el 45,6% entre las familias monoparentales, al 49,2% cuando al menos uno de los padres es de origen extranjero y al 57,6% cuando los padres no alcanzaron la educación secundaria. Es la ecuación de la pobreza que denuncia este miércoles la ONG Save the children. Uno de cada tres menores de 18 años se encuentra en riesgo de exclusión, alejado de los derechos esenciales que reconoce la Convención sobre los Derechos del Niño. Su informe se llama '2.826.549 razones' y pretende poner cara a la terrible estadística que deja la trayectoria de la pobreza infantil: España se empobrece por la pérdida de empleo o su precarización, la política contra la pobreza es ineficaz, los servicios sociales están desbordados, crece la desigualdad y los niños se hacen más vulnerables. Fin del trayecto. España es el octavo país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza entre los niños.escrito de +sorincaluean

miércoles, 12 de febrero de 2014

Uno de cada 4 usuarios reclamó a su eléctrica en el último año

Casi el 75% dice que sus reclamaciones no fueron atendidas de forma satisfactoria por los servicios de atención al cliente. fueron los motivos más frecuentes de las quejas. El 56% afirma que sus servicios de atención al cliente son de pago. Uno de cada cuatro no sabe qué tipo de factura tiene.Uno de cada cuatro usuarios ha presentado al menos una reclamación contra su eléctrica en el último año, según una encuesta sobre calidad de atención al cliente de las compañías eléctricas realizada por la Facua-Consumidores en Acción y hecha pública este viernes. De los 2.194 consumidores encuestados que presentaron una queja, un 30% afirma que su reclamación se quedó sin respuesta y un 29% que tuvo que esperar más de un mes para recibirla. Solo un 7% recibió respuesta de inmediato. En el informe de Facua también se deja de manifiesto que la mayoría de los consumidores no está conforme con el trato ofrecido por su compañía eléctrica, ya que casi la mitad de quienes presentaron reclamación (un 46%) denuncia que la respuesta que obtuvieron no fue satisfactoria. El 22% cree que esta respuesta fue satisfactoria sólo en parte, frente al 8% que considera que fue completamente satisfactoria. Errores de factiración, lo más frecuente El 56% se queja de que el teléfono de atención al asuario sea de pagoMás de la mitad de los encuestados ha tenido que contactar con el servicio de atención al cliente de su compañía eléctrica durante el último año (55,29%). Los errores en la facturación constituyen el problema más frecuente (30%), seguido de los apagones (17%). El teléfono es el medio preferido por los encuestados para contactar con la atención al cliente de su compañía eléctrica (55%), a pesar de que el 56% de los usuarios se queja de que el número que ofrece su compañía es de pago. Dos de cada cinco usuarios reconocen que el operador que le atendió para solucionar una incidencia aprovechó para venderle otros servicios y casi la mitad de los que contactaron con la atención al cliente considera que tuvieron que esperar demasiado para ser atendidos (un 47%). Problemas con la tarifa Uno de cada cuatro encuestados desconoce qué tipo de tarifa tiene y del resto, el 65% asegura disponer de la tarifa de último recurso, frente al 35% que dice tener contratada una tarifa de mercado libre. De entre los encuestados que se pasaron a mercado libre, un 27% denuncia estar pagando más que antes, mientras que el 20% considera que paga prácticamente lo mismo que antes. Solo el 15% de los usuarios dice conocer completamente el significado de los conceptos que aparecen en la factura de su compañía eléctrica y un 40% reconoce que directamente los ignora.

Emergencia por plan de ahorro de electricidad

La Cámara Departamental de Industria (CDI), que agrupa a 300 empresas en Cochabamba, se declaró en estado de emergencia ante el anuncio del Gobierno de instruir a este sector que disminuya o anule el consumo de energía eléctrica en las horas pico (de 18:00 a 24:00). Si se aplica la disposición del Órgano Ejecutivo, es previsible que baje la producción en forma considerable. El presidente de la CDI, Luis Laredo, dijo ayer que varias industrias trabajan las 24 horas del día y de haber limitaciones tendrían que “cerrar algunos turnos de noche”. Los más perjudicados serían los rubros de cerámica, vidrios, gaseosas y otros. El ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez, sobre la preocupación de los industriales cochabambinos, no informó sobre qué acciones deberá asumir la empresa privada y pidió que “las industrias se preocupen en producir y no en cosas que no les compete”. Dijo que la campaña lanzada el jueves pasado no busca restringir o racionar energía, sólo educar sobre su uso. Laredo explicó que creen que el Ejecutivo está apuntando especialmente a la industria del país para cumplir con su plan de reducir el consumo de energía ante posibles cortes por la estrecha diferencia entre la oferta y demanda de electricidad. En tanto, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, advirtió que las consecuencias para las empresas de las medidas de ahorro del Gobierno serán irreversibles y pidió apuntar al próximo invierno con inversiones en generación de electricidad. El Ejecutivo busca ahorrar hasta 50 megavatios (MW) de electricidad al día. Si se alcanza esa meta, se logrará la reserva mínima obligatoria, de 10 por ciento de la demanda máxima diaria, que debería ser de unos 100 megavatios (MW) y que actualmente es de sólo 50. Advertencias Sánchez dijo que desde hace tiempo atrás que el sector privado del país viene advirtiendo al Gobierno del problema de la provisión de energía eléctrica. “Existe cierto malestar en el sector por las medidas del Gobierno ya que perjudican a la producción. Lo que se tiene que hacer es planificar y coordinar este tipo de medidas”, indicó el principal dirigente de los empresarios de Bolivia. Laredo explicó que al verse los procesos productivos afectados por restricciones en el uso de electricidad, la oferta de productos en los mercados se reducirá elevando los costos. “Apagar y prender las máquinas para un uso eficiente de la electricidad repercute también en el precio final del producto”, agregó. El presidente de la CDI señaló que también están en riesgo la estabilidad laboral de los obreros. Laredo anunció que las restricciones estarán vigentes hasta por lo menos finales de noviembre. “El Gobierno debe agradecer a las lluvias de principios de este año ya que si no fuera por éstas la situación sería peor”, dijo. Por su parte, el especialista y catedrático de la carrera de Electricidad de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) Juan José Montero explicó que la crisis de energía reciente refleja las condiciones reales de la vigencia de un sistema caduco y con un margen de reserva deficitario en este sector para cubrir la demanda de electricidad de los hogares, comercios, industrias e instituciones. Regulador niega restricciones Una fuente de la Autoridad de Electricidad (AE) explicó ayer que la campaña impulsada por el Gobierno busca generar en la ciudadanía e industrias del país el “hábito del uso eficiente de la electricidad” y no restringir el consumo del recurso energético. Agregó que la demanda del sector industrial es mínima y que el 80 por ciento del requerimiento es del sector residencial. La fuente señaló que el uso eficiente de la energía eléctrica en las empresas está relacionado con el cambio de maquinarias obsoletas. “Apuntamos a educarnos y cambiar ciertos hábitos, como apagar equipos que no estamos utilizando; no es una medida restrictiva”, dijo. La fuente aseguró que el dos por ciento de los ingresos económicos de una familia de clase media es destinado al pago de luz. “AHORRADORES” El responsable de Comunicación de Elfec, Juan Carlos Salinas, anunció para este domingo varias actividades de información y entrega de focos ahorradores, en el inicio de la campaña “Luz que apagas, luz que no pagas”.

Medio millón de pobres

El índice de pobreza severa en la Comunidad Valenciana es superior a la media española.La Fundación BBVA y el instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) alertaban en su último informe del aumento de las desigualdades en España tras el tsunami de la crisis y pedían a las Administraciones Públicas que el futuro crecimiento no sea excluyente. Según este informe, la renta disponible se redujo en España entre 2008 y 2012 un 14%, pero la caída ha sido especialmente dura en el 10% de los hogares con menos ingresos que han visto retroceder su renta disponible per cápita a un ritmo anual de casi el 10% desde 2007. En la Comunidad Valenciana, según las estadísticas oficiales, existen medio millón de pobres con perfiles diversos y pocas perspectivas de encontrar empleo, subraya Joaquín Azagra, profesor titular de Historia Económica de la Universitat de València. Están por debajo de la mitad de la renta media española. Esta bolsa podría enquistarse, si su erradicación no se convierte en una prioridad del gobierno, advierte el académico. “Aquí tenemos un índice de pobreza severa algo superior a la media, concretamente del 7,9% frente al dato estatal, que se sitúa en el 7,1%”, explica el académico. Azagra, que ha trabajado con datos de la Comunidad Valenciana, destaca las semejanzas entre la situación media española y la valenciana. “La desigualdad está ligeramente por debajo de la media pero de forma inapreciable”, añade; aunque esa media oculta, en opinión del profesor, diferencias importantes entre las comunidades autónomas españolas. Como señala el informe del IVIE, elaborado por un amplio grupo de investigadores y dirigido por el catedrático Francisco Pérez, el gran responsable de todo este deterioro social ha sido el paro, la destrucción de empleo. Los hogares con menos ingresos son las grandes víctimas de la crisis. El 20% de la población más rica controla ahora el 40% de los ingresos totales, mientras el 20% de población más pobre, tiene en su poder solo el 6,78%, con un retroceso notable, sobre todo, del grupo de pobres severos. La miseria creció un 18% entre 2008 y 2011 frente al 8% de media en España En mayo pasado, el instituto valenciano medía la evolución de la pobreza en España y concluía que Canarias y la Comunidad Valenciana lideraban la tabla de comunidades más pobres. Las estadísticas revelaban que la miseria había crecido entre 2008 y 2011 alrededor de un 18% en territorio valenciano frente a un aumento medio del 8%. Eran datos basados, de nuevo, en la pérdida de renta de los hogares, provocado en gran parte por el paro. “El enquistamiento de una bolsa de pobreza entre nosotros, es ya una cuestión moral de primera magnitud, pero puede convertirse además en un problema social a corto plazo”, advierte Azagra, que llama la atención sobre el efecto perverso que tienen en este contexto los recortes sociales. El Índice DEC 2013, que confeccionan cada año los responsables de los servicios sociales españoles sobre el desarrollo de los mismos, hace saltar todavía más las alarmas. La valenciana es una de las autonomías que ha mejorado su presupuesto en servicios sociales de 2009 a 2012, concretamente casi un 15%. Pero “su débil posición de partida”, dice el informe, “hace que tanto sus indicadores de gasto como su oferta de prestaciones se encuentren muy por debajo de la media estatal”. De hecho, aparece en el grupo de autonomías cuyo índice de desarrollo de sus servicios sociales se considera “irrelevante”. La Comunidad ha pasado de gastar 662 millones en 2009 a 759 en 2012 en este capítulo. O lo que es lo mismo, si hace tres años el gasto era de 129 euros por habitante, el año pasado era de 151 euros frente a los 275 de media estatal. Pero no parecen suficientes. El Consell gasta en servicios sociales 129 euros por habitante, el Estado, 275 Uno de sus puntos débiles, advierte el documento, es la pobreza de la legislación autonómica a la hora de reconocer los derechos subjetivos en materia de servicios sociales de su población. Ha mejorado sensiblemente en el reconocimiento de la dependencia y en la extensión de las rentas mínimas de inserción —en 2010 lo recibía uno de cada 567 valencianos y el año pasado, uno de cada 295—. Pero ha empeorado en acogimientos familiares a menores, en la ratio de trabajadores de plantilla por habitante en la red de servicios sociales, en la extensión de la atención a la dependencia, en la cuantía de las rentas mínimas de inserción y en las plazas residenciales para mayores. En el apartado de recomendaciones, el informe DEC aconseja reforzar la red de servicios sociales, mejorar los servicios de atención a la dependencia, extender el servicio de ayuda a domicilio y también la cobertura de la renta mínima de inserción. Dado que la pobreza severa es aquí más elevada que en el resto de España, y dada la debilidad de nuestro sistema de atención social, cabe pensar, reflexiona Azagra, que aquí cuentan con menos ayuda. Y continúa: “Mala cosa para el futuro más inmediato. Porque si la consolidación fiscal sigue exigiendo al Consell economías y recortes, no menos presión debe suponer la existencia de más de medio millón de pobres con perfiles diversos y escasas perspectivas de encontrar empleo”, concluye el académico, que recuerda que un tercio de la población española —dato que puede extrapolarse a la valenciana— está en riesgo de pobreza.

martes, 11 de febrero de 2014

Aprueban la ley de desahucios, únicamente con los votos del PP

Los promotores de la ILP sobre desahucios han retirado la iniciativa, al considerar que el PP 'se burla' de las personas afectadas por los desahucios y que ha 'desvirtuado' la propuesta ciudadana.La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, con los votos del PP, la ley para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, que incluye medidas contra los desahucios. La ley ha recibido duras críticas de la oposición, que ha acusado a los populares de dar la espalda a la calle. Consideran que no resuelve el problema de los desalojos y que no incluye sus enmiendas. El texto legal, que ahora se envía al Senado para continuar su tramitación parlamentaria, corresponde con el último borrador elaborado por el PP e incluye una enmienda de UPN relativa al fondo social para alquiler. La nueva enmienda estipula que en un plazo de 6 meses se evaluará ampliar el colectivo de personas en situación de vulnerabilidad que pueden beneficiarse del fondo social de vivienda de la banca, que cuenta con casi 6.000 viviendas. Todos los grupos han criticado la tramitación conjunta que ha hecho el PP de los dos proyectos de ley sobre el asunto de los desahucios. Silencio, de espaldas al Congreso Decenas de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han concentrado en los alrededores del Congreso y han guardado un minuto de silencio tras conocer la aprobación en del proyecto de Ley. Los asistentes, que han realizado este acto de protesta de espaldas a la Cámara Baja, han concluido el minuto de silencio con gritos de "vergüenza, vergüenza". Los promotores de la ILP retiran la iniciativa Las entidades promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para impulsar la dación en pago y frenar los desahucios han decidido retirar la iniciativa que en su día presentaron ante el Congreso de los Diputados, ante la postura del PP. Los promotores han argumentado en un comunicado que el PP ha "desvirtuado" la propuesta ciudadana impulsando unilateralmente su propio texto, y que "la propuesta del PP supone una burla a los intereses de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria y a la sociedad en su conjunto". Las entidades promotoras de la ILP, entre las que figuran la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), CCOO, UGT y la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, habían recogido un total de 1.402.854 firmas que apoyan la petición de la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y la aprobación del alquiler social. "Una vez más -añaden las asociaciones-, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución Española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español queda supeditado a los intereses de las entidades financieras". Según los promotores de la ILP, el proyecto de ley que impulsa el PP, sin el apoyo del resto de grupos parlamentarios, "no resuelve el problema social de la deuda hipotecaria, ni de los que ya han sido desahuciados, ni de los que lo serán en el futuro". "La reforma del PP seguirá condenando a la pobreza y a la exclusión social a centenares de miles de personas. Por eso hemos decidido retirar la ILP y poner en evidencia que el proyecto de ley del PP supone el rechazo a la ILP que se presentó en el Congreso", concluye el comunicado de las entidades promotoras.

Los jueces podrán suspender desahucios si hay clausulas abusivas

La 'ley antidesahucios' también suspende los desahucios de viviendas durante dos años para colectivos definidos como vulnerables.Los jueces pueden suspender desde hoy mismo los desalojos de viviendas si consideran que la hipoteca que firmaron los afectados para la compra de su piso incluye cláusulas abusivas, una posibilidad que recoge la conocida como "ley antidesahucios", publicada hoy en el BOE. La Ley de protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, aprobada por el Senado el 8 de mayo, también suspende los desahucios (lanzamientos) de viviendas durante dos años para colectivos definidos como vulnerables, modifica el régimen de subastas de viviendas para que el precio de adjudicación sea mayor y limita los intereses de demora. A partir de hoy, para poder acogerse a la suspensión del desahucio hay que cumplir dos tipos de requisitos, sociales y económicos. En el primer caso están incluidas las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a su cargo, las que tienen un menor de tres años y algún miembro con discapacidad o dependiente y las víctimas de violencia de género, así como aquellas en las que el deudor esté en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo Los requisitos económicos imponen que los ingresos de la unidad familiar no podrán superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 1.595,53 euros. El Ministerio de Economía calcula que aproximadamente 120.000 hogares cumplen con estos requisitos. La ley establece un sistema para reducir la deuda pendiente de préstamos hipotecarios mediante quitas, una vez que la vivienda ha sido adjudicada a un tercero, y promueve un Fondo Social de Vivienda (FSV) de alquiler destinado a familias desahuciadas que ya funciona desde enero. En cuanto a la dación en pago, la contempla sólo en el marco del código de buenas prácticas bancarias, que permite entregar la vivienda para sufragar la deuda cuando la reestructuración no sea viable y sólo para casos de especial vulnerabilidad.

40.000 familias perdieron sus casas en 2012, por impago de la hipoteca

En el 83% de los casos se trataba de la vivienda habitual, según una encuesta realizada por el Banco de España. Un total de 39.167 entregas de viviendas se registraron en España en 2012 como resultado de procedimientos de ejecución hipotecaria, según los datos de una encuesta a entidades bancarias hecha pública por el Banco de España. El informe, revela además, que en el 83 % de los casos (32.490) se trataba de la vivienda habitual. Los resultados de la encuesta reflejan también que algo más de la mitad de las entregas (20.972) fueron voluntarias, y que de ellas el 75 % (15.826) se produjeron bajo la forma de daciones en pago, fórmula que conlleva la extinción de la deuda mediante la entrega de la vivienda, que en el 89,5 % de los casos era el domicilio habitual. En los otros 18.195 casos fue necesario acudir a la vía judicial.

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